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Un presidente se presentó ante el Congreso dispuesto a reclutar a trabajadores estadounidenses en el ejército de los Estados Unidos. No soldados enemigos, no amenazas extranjeras — ingenieros ferroviarios.

En mayo de 1946, con la Segunda Guerra Mundial apenas concluida, Harry S. Truman solicitó a los legisladores autoridad de emergencia que podría haber obligado a trabajadores ferroviarios en huelga a vestir uniformes del Ejército y regresar a sus puestos bajo amenaza de corte marcial.

La nación ya estaba bajo tensión. Los controles de precios de guerra habían sido eliminados y la inflación aumentó casi de la noche a la mañana. Las fábricas estaban pasando de producir tanques a bienes de consumo. Millones de soldados que regresaban buscaban empleo. Ese año, casi cinco millones de trabajadores en múltiples industrias se declararon en huelga, exigiendo aumentos salariales tras años de sacrificio bajo una promesa de no huelga durante la guerra.

Cuando 400,000 trabajadores ferroviarios abandonaron sus puestos, las consecuencias fueron inmediatas. Los trenes dejaron de transportar carga. Los envíos de carbón se detuvieron. Las entregas de alimentos se retrasaron. En un país todavía casi totalmente dependiente del transporte ferroviario, la huelga amenazaba con cortar suministros vitales en cuestión de días.

Truman ya había tomado el control de los ferrocarriles en un intento de forzar un acuerdo. No funcionó. Así que intensificó la situación, acudiendo al Congreso para solicitar el poder de reclutar a los huelguistas en el servicio militar si era necesario.

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La ironía era innegable. Truman no era enemigo del trabajo organizado. Había construido gran parte de su identidad política apoyando a los sindicatos. Sin embargo, también creía profundamente en el orden y la estabilidad nacional. En su opinión, un cierre del sistema ferroviario durante una frágil transición económica representaba una amenaza para todo el país.

La pregunta no era sencilla. ¿Era la huelga un acto legítimo de poder laboral en una economía volátil de posguerra? ¿O se había convertido en una emergencia nacional que justificaba una autoridad ejecutiva extraordinaria?

Mientras Truman pronunciaba su discurso, llegó la noticia de que los líderes sindicales habían aceptado un acuerdo. La crisis inmediata terminó antes de que el Congreso concediera los amplios poderes que él solicitaba.

Pero el momento permanece.

Si un presidente puede amenazar con militarizar el trabajo durante una disputa interna, incluso en nombre de la necesidad pública, ¿qué ocurre con el derecho a la huelga? ¿Cuándo proteger al público se convierte en coaccionarlo?

Los trenes reanudaron el servicio. La economía se estabilizó. El país siguió adelante.

La cuestión más profunda es lo cerca que estuvo de convertirse en algo distinto — un recordatorio de que en momentos de miedo y presión, los límites democráticos pueden desplazarse más rápido de lo que cualquiera espera.